El Ministerio de Trabajo, sindicatos y la patronal han suscrito un acuerdo que unifica la Formación Continua -dirigida a los ocupados-, el antiguo Forcem, y la Formación Ocupacional -dirigida a los parados- en un solo sistema que se denomina Formación Profesional para el Empleo.
El nuevo modelo, que contará con una dotación para este año de 2.213 millones de euros, instaura un marco común en materia de formación para empleados y desempleados, y posibilita que las comunidades autónomas, en cumplimiento con las sentencias del Tribunal Constitucional, gestionen sus propias convocatorias de formación para el empleo. Ahora bien, el Estado central tiene la competencia en materia de formación de los trabajadores, sin perjuicio de las competencias de ejecución que corresponden a las comunidades autónomas.
Para incentivar a las empresas a invertir en actividades formativas, todas aquellas que realicen formación para sus trabajadores podrán aplicarse bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, que les permite deducirse directamente los gastos de formación y desarrollar permisos individuales de formación para la realización de acciones reconocidas mediante acreditación oficial.
En caso de denegarlos, la empresa deberá exponer los motivos de carga de trabajo que impiden el permiso. Las empresas que concedan permisos individuales de formación para los trabajadores tendrán un crédito adicional a las bonificaciones para formación, equivalente a un máximo de 200 horas laborales por permiso y curso académico, siendo el límite de dicho crédito la disponibilidad presupuestaria autorizada anualmente en los presupuestos.
Asimismo, se impulsan las ofertas formativas dirigidas tanto a los trabajadores ocupados como desempleados que se desarrollen en los ámbitos estatal y autonómico, mediante un sistema de subvenciones. La oferta de formación irá ligada al Catálogo Nacional de Cualificaciones.
El principal órgano de participación y consulta en materia de formación para el empleo será la Comisión Estatal, integrada por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales, que desarrollarán sus funciones en el marco del Consejo General del Servicio Nacional de Empleo. En el ámbito estatal será el Servicio Público de Empleo Estatal el competente para la gestión, con la colaboración y apoyo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org), mientras que en el ámbito autonómico los órganos de participación y gestión serán los que determinen las comunidades autónomas.
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