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Las empresas sólo gastan el 60% del crédito fiscal para formación.
Las empresas españolas contaron el pasado año con 318,6 millones de euros en bonificaciones para formar a sus empleados, pero sólo gastaron 182,5 millones. Esto supone que no utilizaron cuatro de cada diez euros de su crédito para formación. En los últimos cuatro años, la cantidad desaprovechada por las empresas suma casi 500 millones de euros y el Gobierno estudia cambios que permitan reinvertir lo que no se gaste.
En 2004 entró en vigor un nuevo sistema de formación continua de los trabajadores. Según este modelo, todas las empresas disponen de un crédito anual para impartir cursos a sus empleados, que se calcula en función de la cuota de formación que paga por cada uno de sus trabajadores (el empresario paga un 0,6% de la masa salarial para este fin y el trabajador aporta un 0,1%). El avance de datos elaborado la Fundación Tripartita para la Formación -formada por Gobierno, patronal y sindicatos-, revela que en 2005 las empresas dejaron sin gastar, por segundo año consecutivo, el 42% del crédito en bonificaciones que les correspondía. De una asignación inicial máxima de 318,6 millones, las empresas sólo gastaron 182,5 millones, dejando 136 millones sin aprovechar. Ante esta situación, no es de extrañar que los datos sitúen a España a la cola de la formación de los trabajadores en la UE. El pasado año poco más de un millón de trabajadores recibió algún curso de formación. Sólo el 5% de un total de 19 millones de ocupados. No obstante, esta situación no está provocada por el cambio de modelo de formación, ya que en años anteriores venía ocurriendo algo similar. De hecho, en 2002 ya se dejaron sin ejecutar 205 millones de la partida presupuestaria para formación continua; en 2003, 71,5 millones; y en 2004, 82,3 millones. Si a esto se le suman las cifras de 2005, en los últimos cuatro años la cantidad desaprovechada por las empresas suma 500 millones. Los responsables del Ministerio de Trabajo tratan desde el año pasado de ajustar este presupuesto. La ley sólo les permite hacerlo por la vía de las reasignaciones. Esto supone ir desviando, a lo largo del año, dinero de las bonificaciones que prevén que no van a gastar las empresas, a los contratos programa, que son los cursos que imparte el Estado y las comunidades autónomas. El presupuesto para estos cursos fue de 640 millones de euros en 2005. A pesar de todo, hay una parte del presupuesto total que queda sin ejecutar. La ley impide reinvertir ese dinero en la formación del año siguiente. Pero el Tribunal de Cuentas, en dos ocasiones, y todos los grupos parlamentarios, han instado al Gobierno a que permita la reanualización de estos fondos. Fuentes del sector indican que este cambio se está estudiando, pero cuenta con la oposición en el Ministerio de Economía.

Ahora el Estado dispone de lo que sobra como remanente de tesorería de los Servicios Públicos de Empleo.
Raquel Pascual, Cinco Días (28/02/2006)
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